Chile es el mayor remesador de divisas de inmigrantes en América Latina

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Se estima que este año, las divisas enviadas al exterior superarán los US$1.800 millones, con un incremento de 20% respecto de 2018, cifra que ubica a nuestro país como líder en la región, seguido por Panamá, que registra cerca de US$ 800 millones.

Santiago de Chile, mayo de 2019.- El fuerte aumento de la inmigración en Chile ha posicionado a nuestro país como líder en América Latina en remesar divisas al exterior, con US$1.800 millones proyectados para este año. La cifra supera la anotada por Panamá, que registra cerca de US$ 800 millones anuales.

El resto de los países de la región son receptores netos de divisas, encabezados por México con casi US$ 33.500 millones. Sin embargo, si se considera el tamaño de las economías, Haití es el mayor receptor, al representar las remesas el 39% de su PIB. Le siguen naciones como El Salvador y Honduras con cerca del 20%, según estadísticas de Inter American Dialogue.

Venezuela, dada la crisis económica y alta tasa de personas que han emigrado, probablemente también ocupa un lugar destacado, pero no se dispone de información oficial.

El dinamismo del mercado de envío de dineros al exterior fue analizado en el marco de 1er Encuentro Latinoamericano de Inmigración y Envíos de Dinero, que reunió a empresas remesadoras, bancos, embajadas, organismos de Gobierno, auditoras, compañías de seguros, fondos de pensiones y organismos internacionales, entre otros.

En el evento -organizado por More Internacional- se analizaron los desafíos y dificultades que enfrenta esta nueva industria que ha surgido con gran fuerza en el país de la mano del incremento de ciudadanos extranjeros que requieren enviar dinero a sus naciones de origen.

A nivel nacional, según información del Banco Central de Chile, operan alrededor de 26 remesadoras. Los actores de la industria estiman que cinco de ellas (Western Union, MoneyGram, More Chile, Afex y Guiñazú) concentrarían -según cifras extraoficiales- cerca del 80% del mercado.

“Mensualmente se realizan cerca de 600.000 transacciones por un promedio de US$ 220. Por países, los colombianos son los que remesan más con US$ 416 al mes, seguidos por los brasileños con US$ 317 y los bolivianos con US$ 223. En cambio, los menores montos corresponden a los haitianos (US$ 109), dominicanos (US$ 151) y peruanos (US$ 175)”, detalló el presidente de More Chile, Carlos Grossman.

El ejecutivo destacó el impacto económico y social de esta actividad, considerando el concepto de apoyo familiar que hay tras las remesas. “Si no existiese esta industria se generaría un problema tremendo, porque los inmigrantes tendrían que hacer sus envíos en forma ilegal. La mayoría de ellos no están bancarizados y, además, si recurren a un banco, los requisitos y costos que les imponen lo hacen una alternativa poco atractiva para ellos”, afirmó Grossman.

Falta de regulación

A diferencia de lo que ocurre en otros mercados, donde se han establecido regulaciones para la actividad de las firmas que intermedian el envío de dinero -como en Estados Unidos donde deben contar con una licencia-, en Chile hay desconocimiento, falta de normativas y de supervisión.

“Este escenario genera una serie de dificultades para los operadores. Muchos de ellos son filiales de empresas extranjeras, las que han adoptado y aplican los estándares de fiscalización y auditorías de sus casas matrices. Así como nuestra legislación respecto de la inmigración necesita adaptarse a las nuevas circunstancias, también es necesario actualizar nuestras políticas respecto de la industria de remesas”, informó el economista y director ejecutivo del Encuentro, Luis Eduardo Escobar.

La falta de regulación y el desconocimiento que hay sobre este mercado, incluso a nivel de los organismos del Estado, se traduce en dificultades para operar y en la negativa de muchos bancos a abrir cuentas corrientes a las remesadoras.

En este escenario, el experto adelantó que las empresas del sector están evaluando la opción de generar instancias de autorregulación. Esto permitiría adoptar, de común acuerdo, estándares internacionales de comportamiento que sean certificables y den garantías de su cumplimiento a los usuarios y contrapartes. De esta manera se aseguraría la calidad y podrían disminuir el costo de los servicios a los usuarios, minimizando la reticencia de las contrapartes del sistema financiero, nacional e internacional, a operar con las remesadoras locales que participen del sistema.

“Las empresas remesadoras -enfatizó Escobar- están aquí para quedarse porque desarrollan una actividad necesaria y bien valorada por sus usuarios. Lo que cabe es que entre el Estado y los privados diseñemos un sistema que permita el desarrollo de esta actividad de forma competitiva y segura para todos los involucrados, especialmente los inmigrantes”.

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